Una de las mayores reformas que hemos promovido como gobierno, es la Reforma a la Educación, la cual tiene como objetivo entregar igualdad de oportunidades a todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, sin importar la situación económica de su origen.

Uno de los pilares fundamentales en que se basa la Reforma Educacional promovida por la Presidenta Michelle Bachelet, es la Ley de Inclusión Educativa, que pone gradualmente fin al lucro, el copago y la selección. Esta Ley tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación del sistema escolar chileno e igualar las condiciones para que todos los colegios, que reciben subvención del Estado —ya sea municipales o particulares subvencionados— puedan entregar una educación de calidad.

Esta Ley propone, paulatinamente, un cambio de paradigma del sistema educacional, modificando la lógica en la que se sustenta, dejando atrás la visión de la educación como un bien de consumo y avanzando a garantizarla como un derecho de todos los niños, niñas, jóvenes y sus familias.

La Ley de Inclusión otorga más derechos a los estudiantes y apoderados, para escoger la escuela donde quieren que sus hijos estudien, sin estar condicionados a la capacidad de pago o a las capacidades académicas de las y los estudiantes.

La normativa aborda principalmente tres temas. En primer lugar, transforma gradualmente la educación subvencionada en gratuita, para que todas las familias tengan la posibilidad de elegir establecimientos con libertad sin que eso dependa de su capacidad económica. En segundo lugar, elimina el lucro en los establecimientos que reciben aportes del Estado, lo que significa que todos los recursos que recibe el establecimiento de nuestras niñas y niños deben ser invertidos en mejorar la educación. En tercer lugar, termina con la selección arbitraria, lo que permitirá que los padres puedan elegir el colegio y el proyecto educativo que más les guste para sus hijos.

En Atacama nueve fueron los colegios que, dentro del plazo que entrega la Ley, decidieron adscribir al nuevo régimen de gratuidad, manteniendo la administración de sus sostenedores y, de esta forma, asegurar la continuidad de su proyecto educativo, lo cual comenzará a regir desde marzo de 2016. Como Ministerio de Educación esperamos que al año 2018, el 93% de los Establecimientos Educacionales hayan pasado a la gratuidad total.