Con el objetivo de dar a conocer los alcances y avances que se han registrado en Atacama con la implementación de la Ley de Inclusión Escolar, la seremi (s) de Educación Gladys Cortés Varas expuso ante los miembros de la Comisión de Educación del Consejo Regional.

La autoridad, que estuvo acompañada de profesionales de la Secretaría Ministerial, señaló que la a nivel nacional, en 2016 más de 784 establecimientos fueron los que dejaron de cobrar copago, beneficiando a más de 290 mil estudiantes, quienes accedieron a la educación escolar de manera gratuita. A los que hay que sumar 51 mil que se adscribieron el presente año, por lo que hablamos de más de 340 mil alumnos beneficiados hasta el momento.

“De ese total, 14 establecimientos de Atacama se sumaron a esta iniciativa. Estos son resultados concretos, reales e innegables de la Reforma en marcha. Hoy casi 5 mil familias tienen a sus hijos en los mismos establecimientos particulares subvencionados, con sus mismos profesores y compañeros de curso, pero sin pagar matrículas ni mensualidades, hechos que son relevantes que nuestros Consejeros Regionales conozcan en detalle”, precisó la Secretaria Ministerial (s).

Cabe recordar que la ley de Inclusión Escolar, aprobada por el Congreso en 2015, mantiene el sistema de provisión mixta, con establecimientos educacionales públicos, particulares subvencionados y privados, prohibiendo el lucro en la educación, garantizando que todos los recursos sean destinados a fines educativos y evita la discriminación arbitraria.

“Desde que comenzamos este camino hacia las transformaciones que la ciudadanía exigía en educación, un sector político ha mantenido una férrea oposición a estos cambios que, en un esfuerzo país,  hemos concretado en estos 3 años, para garantizar la educación como un derecho social, donde las capacidades prevalezcan por sobre la situación socioeconómica”, indicó.

Finalmente, Gladys Cortés explicó que “a contar del próximo año mayoritariamente los establecimientos educacionales de Atacama se sumarán a la gratuidad, pero también tenemos casos de quienes han decidido renunciar a la subvención estatal y pasar a particular pagados. Por eso, estamos trabajando fuertemente para asegurar alternativas similares a las familias que decidan cambiar a sus hijos a establecimientos que se sumen a la Ley de Inclusión, donde la educación sea un derecho, de calidad y gratuita”.