En un esfuerzo por fortalecer la convivencia escolar y garantizar entornos educativos seguros, la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Atacama presentó un plan de acciones asociadas al programa Comunidades Educativas Protegidas, que se desarrollará durante el año 2025.

La planificación fue presentada en una mesa de trabajo que incluyó al delegado  presidencial regional de Atacama, Rodrigo Illanes; los seremis de Educación, Pablo Selles; de Salud, Jessica Rojas; de Seguridad Pública, Lorna Bown; de Justicia, Tomás Garay; del Deporte, Arling Guzmán. También estuvieron presentes el director regional de la Superintendencia de Educación, Víctor Alvarado; el director ejecutivo suplente de SLEP Atacama, Daslav Mihovilovic; la directora regional de Junaeb, Caroline Harder, y la directora regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Carolina Cortés; además de representantes del Colegio de Profesoras y Profesores y de organizaciones de asistentes de la educación, entre otros actores.

El seremi Pablo Selles destacó que “seguimos el mandato de nuestro ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien ha reafirmado el compromiso del Gobierno con el bienestar de las comunidades educativas, destacando que este programa es una prioridad dentro de la agenda nacional de convivencia educativa”.

Por su parte, el delegado presidencial, Rodrigo Illanes, señaló que “creemos que la clave para combatir la violencia en nuestros establecimientos educacionales es la colaboración entre diversos actores. Este problema no solo afecta a las aulas, sino que está estrechamente vinculado con factores externos que debemos abordar de manera conjunta”.

Además, el delegado Illanes enfatizó que la Delegación Presidencial Regional, junto al Ministerio de Seguridad y las policías, están trabajando en un plan que no solo refuerce la seguridad en los entornos escolares, sino que también contemple intervenciones dentro de las comunidades educativas, resaltando el rol fundamental de los padres y apoderados.

Plan de acciones por Comunidades Educativas Protegidas

Durante la sesión se expusieron las medidas del plan de acciones asociado al programa Comunidades Educativas Protegidas, que incluye medidas preventivas, como talleres y actividades extraescolares; disuasivas, como patrullajes y monitoreo con drones en los establecimientos; y reactivas, con protocolos específicos para atender casos de violencia.

Además, destaca una campaña de sensibilización con cápsulas audiovisuales, talleres especializados para docentes y directivos; asimismo, se acordó la creación de una mesa ejecutiva regional que supervisará y ajustará la implementación de estas acciones, según las necesidades de cada comuna.

En el marco de estas acciones además se implementará el plan piloto territorial Pioneros y Pioneras en Convivencia Educativa, que coordinará el trabajo de siete instituciones públicas, entre las que se incluye la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Seremi de Salud, Junaeb y el Instituto Nacional del Deporte.

Los establecimientos beneficiados con esta iniciativa serán el Liceo Tecnológico y la Escuela Pedro León Gallo, de Copiapó, donde se llevará a cabo talleres temáticos mensuales, en función de las necesidades de los establecimientos educativos. Algunos de los temas abordados incluirán salud mental, vida saludable y el acceso a la cultura como un derecho humano, entre otros.

Además, el programa incluirá un proceso de reflexión en el que los consejos escolares de cada institución analizarán y definirán los talleres que desean implementar para fortalecer la convivencia educativa.

Ampliación de Comunidades Educativas Protegidas 

En 2024, el Mineduc presentó el programa “Comunidades Educativas Protegidas”, que en su primera etapa incluyó 50 comunas priorizadas de todo el país, para la prevención y abordaje oportuno de situaciones o hechos de violencia al interior o en el entorno inmediato de las comunidades educativas, y que afectan el ambiente para el aprendizaje.

En su fase inicial, el foco de la iniciativa estuvo en la articulación y coordinación entre municipios, comunidades educativas y organismos del Estado. A partir de 2025, se inicia su implementación, enmarcada en la Política Nacional de Convivencia Educativa 2024-2030 y alineada con el Plan de Reactivación Educativa del Mineduc

El seremi Selles anunció que, en esta etapa, la iniciativa -que el año pasado consideró Copiapó y Vallenar- se ampliará su cobertura a toda Atacama.

“Hemos decidido hacer un esfuerzo adicional para incluir a las nueve comunas de la región. Aunque algunas no presenten altos índices de conflictos escolares, sabemos que el impacto de este programa en las comunidades educativas es significativo”, explicó Selles, quien destacó el compromiso de los gobiernos comunales con este programa.

Avances en seguridad escolar

Las autoridades regionales destacaron que uno de los logros más significativos en materia de seguridad escolar ha sido la reducción de robos en los establecimientos de Copiapó durante el último verano. Gracias a la coordinación con Carabineros y seguridad municipal, los incidentes pasaron de 88 robos el año anterior a solo 8 en 2025. “Aún no es momento de celebrar, porque nuestro objetivo es llegar a cero, pero este avance demuestra que las acciones están dando resultados”, concluyó el seremi Selles.

Por su parte, la seremi de Seguridad Pública, Lorna Bown, agregó que “estamos comprometidos en contribuir en la seguridad de los establecimientos educacionales durante este año hemos desplegado el patrullaje aéreo de DRON para monitorear la seguridad del perímetro de los colegios, además estamos coordinándonos permanentemente con Carabineros y seguridad municipal, con la finalidad articular un trabajo preventivo que incida positivamente, mostrando así mayor presencia en el territorio”.

Adicionalmente, el seremi de Justicia, Tomás Garay, abordó la necesidad de trabajar por una mejor convivencia desde todos los servicios.

“Participamos en una jornada muy fructífera, que nos permite abordar desde diversas dimensiones la convivencia escolar, desde nuestro sector que comprende a los servicios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el aporte que esperamos realizar comprende la permanente difusión y sensibilización sobre la Ley 21.057, destinada a evitar la victimización secundaria de las infancias y adolescencias, capacitando a los equipos multidisciplinarios de los establecimientos educacionales, a fin de contribuir al cumplimiento de los protocolos de denuncia y detección de situaciones de riesgo”, aseguró el seremi Garay.